Latinoamérica
Página: 27
El abogado del Movimiento Semilla tidó la medida de ilegal y aseguró que no respeta los plazos de adjudicación de cargos ni contempla una cautelar de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El juez Jimi Bremer ordenó la detención de González y de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Diversos representantes de los tres poderes del Estado especularon con la posibilidad de imitar las políticas para contener el delito del presidente de El Salvador.
La discusión sobre la situación socioeconómica de Ecuador es una pulseada en la vuelve a ponerse en debate un modelo de expansión del Estado frente a otro que privilegia la iniciativa privada.
La CIDH reclamó el jueves medidas especiales de protección para el futuro presidente a partir de datos que señalan la existencia de un llamado “Plan Colosio”, para atentar contra Arévalo. Guatemala pidió «prudencia» al órgano de la OEA.
“El nivel de fraccionamiento es enorme” y eso favorece a “aventureros, mercantilistas y mafiosos” que ingresan en la política, afirmó el politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Fernando Tuesta.
Busca garantizar la integridad de Luisa González y Daniel Noboa, quienes se enfrentarán en balotaje en octubre próximo, luego de que la primera vuelta se viera empañada por el asesinato de un postulante.
Los socialcristianos del PSC integraron junto a «Sociedad Patriótica» la alianza que llevó como postulante a la presidencia al empresario Jan Topic, que resultó cuarto en la compulsa, con casi 15% de los votos.
Tras el triunfo del «No» a la explotación en un Parque Nacional, el ministro de Energía y Minas señaló la imposibilidad de «entrar con un bulldozer y destruir la infraestructura existente». Tendría un costo de «aproximadamente 600 millones de dólares, que el país no tiene disponible actualmente».
El organismo solicitó medidas cautelares tras considerar que Bernardo Arévalo y Karin Herrera Aguilar «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Guatemala».
