La Cámara dispuso que se le restituya el beneficio al imputado, un exmilitar juzgado por privación ilegítima de la libertad, torturas, crímenes y abuso sexuales cometidos contra unas 600 víctimas alojadas en el Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno de Lanús, y Brigada San Justo
